Los servicios de vídeo a petición sujetos al Real Decreto 980/2026 tendrán que aplicar desde el 1 de julio de 2027 nuevas cuotas de obras europeas y lenguas oficiales en sus catálogos. El texto, publicado en el BOE el 13 de noviembre de 2026, entra en vigor al día siguiente, aunque concede más tiempo para aplicar las cuotas.
La obligación parte de un mínimo del 30 % de obras europeas. Al menos la mitad de esa cuota debe estar en castellano o en alguna lengua oficial autonómica. De esa parte lingüística, como mínimo el 40 % debe corresponder a las lenguas oficiales autonómicas. Si se toman los mínimos de los tres tramos, el resultado equivale al 6 % del catálogo total para estas últimas lenguas; el decreto no exige que ocupen el 30 %.
Dentro de la subcuota lingüística, los prestadores deben tener en cuenta el peso poblacional de las comunidades con lengua oficial y reservar al menos un 10 % para cada una de esas lenguas. La regla se refiere al conjunto del catálogo, no obliga a ofrecer cada película o serie con audio o subtítulos en todas ellas.
Qué servicios deben cumplir la cuota
La cuota de catálogo se dirige a prestadores establecidos en España que ofrecen un servicio de ámbito estatal y ejercen responsabilidad editorial sobre él. El decreto distingue esta obligación de la financiación anticipada de obras: los prestadores establecidos en otro Estado de la UE que dirigen sus servicios a España quedan sujetos a esa segunda parte, que se aplicará desde el 1 de enero de 2028. Esa circunstancia, por sí sola, no les impone la cuota de catálogo.
El cálculo se hace por títulos. Cada película o documental cuenta como uno; en las series, cada temporada cuenta como un título. Quedan fuera del cómputo los noticiarios, los acontecimientos deportivos, los juegos y las comunicaciones comerciales. También hay exenciones para servicios dedicados exclusivamente a determinadas categorías, para aquellos cuya audiencia media anual sea inferior al 2 % de su mercado de referencia y para prestadores con ingresos anuales inferiores a dos millones de euros.
Si la oferta disponible en una lengua resulta insuficiente, un prestador obligado puede solicitar a la CNMC que reduzca la subcuota correspondiente o permita computar obras dobladas o subtituladas en esa lengua. Los prestadores deberán comunicar al organismo, antes del 1 de febrero de cada año, los porcentajes del catálogo del año anterior desglosados por lengua oficial.
