El Gobierno ha publicado un proyecto de orden para que Telefónica deje de ser el operador designado del servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. La propuesta afecta al acceso fijo a internet de banda ancha y a las comunicaciones de voz desde una ubicación fija. Telefónica de España mantiene la designación para ambos servicios hasta el 31 de diciembre de 2026.
Si se aprueba el texto, ya no habría un único operador encargado de prestar esos servicios como obligación de servicio público. Cada compañía asumiría la prestación dentro de las zonas donde ya tiene cobertura. Eso no supone que cualquier operador tenga que llevar una red propia a cualquier domicilio.
Qué ocurriría con el derecho al servicio
El Ministerio para la Transformación Digital fundamenta la propuesta en la cobertura alcanzada por la fibra, el cable, el acceso fijo por radio y el satélite. La Ley General de Telecomunicaciones permite cesar una obligación de servicio público cuando el servicio queda garantizado mediante la actividad comercial habitual de los operadores. Dejar de designar a Telefónica no equivale a suprimir el derecho al servicio universal, que comprende el acceso fijo a internet y la telefonía fija con calidad y a un precio asequible.
El proyecto mantiene una excepción para quienes ya reciben el abono social de comunicaciones vocales fijas: Telefónica debería seguir aplicándolo a los jubilados y pensionistas beneficiarios con renta familiar baja. Ese apartado no establece una nueva concesión del abono a todos los solicitantes.
Hay otro cambio en tramitación que afecta a las condiciones del servicio. En abril, el Gobierno presentó un proyecto de reglamento para elevar de 10 a 100 Mbps la velocidad mínima de descarga y extender las obligaciones a los operadores dentro de sus respectivas zonas de cobertura. También prevé aplicar ese régimen desde el 1 de enero de 2027. Tanto esa velocidad como el fin de la designación de Telefónica siguen siendo propuestas, no condiciones ya vigentes.
